Diecinueve impugnaciones ensombrecen el proceso electoral 2019



En la Corte de Constitucionalidad hay 19 inconstitucionalidades que deben resolver antes de la convocatoria a elecciones.

La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene pendientes de resolver 19 impugnaciones por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Polítcos (LEPP) aprobadas en el 2016, a escasos 80 días de la convocatoria a elecciones.


De la resolución de la Corte depende el trabajo que realiza el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que apresura la aplicación de los 63 cambios avalados por la CC y aprobados en el Congreso, que hasta el momento, están vigentes.

Si la CC resuelve a favor de las inconstitucionalidades, lo que el TSE ha implementado quedaría suspendido. En cambio, si la Corte no dicta una resolución antes de la convocatoria a elecciones, las modificaciones seguirán su aplicación.


El riesgo que expertos analizan es respecto al tiempo que falta para que comience el proceso electoral, lo cual genera incertidumbre y poca certeza jurídica.


Reformas impugnadas

Las inconstitucionalidades fueron planteadas por la Cámara de Medios de Comunicación, Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), además de Udin Adulfo Mérida y Radge Rivera Aquino.


Se trata de 14 impugnaciones contra artículos de la Ley Electoral, dos contra el Reglamento de esta norma, y tres contra el Reglamento de la Unidad Especializada sobre medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Este último reglamento fue creado con una de las reformas a la LEPP.

El Cacif planteó una acción contra el artículo 219, que indica los requisitos de la propaganda y la garantía de su ejercicio.


Al sector privado le preocupa que el TSE deba determinar cuáles actos son constitutivos de delito, ya que en el artículo no se especifica el modo en que se tipifican.


Otra impugnación es contra los artículos 220 y 222 que regulan los espacios y tiempos para propaganda en los medios de comunicación y las tarifas.


Cacif impugnó al considerar que se viola la libertad de acción por “obligar a los medios” a aceptar una tarifa. La norma dice que será de un 20 por ciento del valor comercial, según el medio y los precios que hayan fijado en los últimos seis meses.


Por su parte, la Cámara impugnó el artículo 220 en el inciso D, que estipula que los espacios que asigne el TSE serán los únicos para las organizaciones políticas, y les prohíbe contratar de manera directa o indirecta.


También el inciso E del artículo 220, respecto a que los medios no pueden limitar las contrataciones que realice el TSE y además, que la pauta electoral tiene prioridad sobre la comercial.

Cacif también se opone al inciso N del artículo 223 que prohíbe realizar campaña anticipada, pero no indica en esa parte, cuáles son los actos que se catalogan de esa forma.


Asimismo, el sector privado impugnó el inciso C del artículo 223 y artículo 223 Ter, que prohíbe la publicación de encuestas y estudios de opinión 15 días antes del día de la votación.


El Cacif considera que se viola el principio de seguridad jurídica, al establecer una responsabilidad solidaria de todo aquel que publique resultados de estudios.


“Se atenta contra la libre en la misión del pensamiento al imponer censuras arbitrarias en la difusión de encuestas”, indican.


Las últimas impugnaciones presentadas en la Corte por la Cámara Guatemalteca de Periodismo, son contra el artículo 94 BIS, sobre la no inscripción como candidato a quien haga campaña a título personal para cargos de elección popular, publicitando su imagen en los medios de comunicación antes de la convocatoria a elecciones.


Y el otro artículo es el 62 quáter, del reglamento de la Ley Electoral, que se refiere al procedimiento para sancionar la propaganda de personas individuales del artículo 94 BIS.

Impugnan el transfuguismo

Mientras tanto, Radge Rivera Aquino presentó una impugnación contra el artículo 205 Ter que se refiere al transfuguismo, que prohíbe a los partidos políticos y bloques legislativos recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización.


Y Udin Adulfo Mérida presentó una acción contra el artículo 53 del reglamento de la Ley Electoral que trata de los requisitos para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular.


Esta última impugnación se refiere a que en el artículo 53 se establece como prohibición, “haber incurrido en lo establecido en el artículo 94 BIS” de la Ley Electoral, que también fue impugnado por la Cámara Guatemalteca de Periodismo.


Libertad de expresión

“El proceso electoral está complicado, las reformas menoscaban la libertad de expresión”, considera Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo.

Para el jurista, si la CC no resuelve antes de las elecciones, el país estaría sin certeza jurídica, además, incurre en violación de la Constitución y tratados sobre la emisión del pensamiento.


A esto le añade el riesgo de arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad electoral, al momento de hacer cumplir los cambios a la ley.


El Cacif dijo en su momento que las reformas representan una amenaza a la libertad de prensa, de contratación, de industria y la seguridad jurídica.


Además, opinan que sentarían “un precedente negativo para el país, que podría ampliarse a otros ámbitos que no sean de materia electoral”.

“Todo va bien”

El magistrado del TSE, Jorge Mario Valenzuela, explicó que ese organismo está trabajando de acuerdo con las reformas aprobadas hace dos años. Sin embargo, están a la espera de las resoluciones que la CC pueda emitir sobre estos cambios.


“Las unidades están funcionando, están integradas. Si en un caso la Corte dijera que no, detenemos según lo que resuelvan, de lo contrario trabajamos como si fuesen viables”, afirma.

Para Valenzuela, lo ideal sería que la Corte resuelva lo más “pronto posible”, para evitar que el Tribunal trabaje en la aplicación de cambios que al final no podrían aplicar.


A eso le añade que faltan pocos días para la convocatoria a elecciones -que será entre el 14 y el 19 de enero-. “Debemos estar sabidos de las reglas del juego”, indica.


Valenzuela aclara que las unidades que ordenan crear las reformas a la LEPP, como la de fiscalización y de medios de comunicación, están integradas y funcionando.


"NO TENEMOS NINGÚN INCONVENIENTE. EL TSE ESTÁ LISTO PARA EMPEZAR”, INSISTE. A NIVEL GENERAL, EL MAGISTRADO RECONOCE QUE “AVANZAN” EN EL ORGANIGRAMA.

Certeza jurídica

Para José Carlos Ortega, analista político, el proceso electoral del 2019 será incierto y tiene “poca” certeza jurídica.


Sus afirmaciones se basan en que el TSE ya está aplicando las 63 reformas a la LEP, que a su consideración “sobrepasan la capacidad y causan discrecionalidad en las decisiones”.


Otras de las modificaciones que más cuestionamientos ha recibido está relacionadas con la autorización del voto en el extranjero, la obligatoriedad de los partidos de registrar en una misma cuenta el financiamiento público y privado y dar acceso total al TSE.


Además, un destino específico a los recursos públicos -los que entrega el TSE- que reciban las agrupaciones, sanciones de hasta US$250 mil a quienes incumplan la ley, y la prohibición de publicar encuestas 15 días antes de las elecciones.


También se suma la validez del voto nulo, prohibir el traslado de votantes entre municipios y castigar el proselitismo en época no electoral.

Los partidos tampoco pueden recibir recursos de hechos ilícitos o personas condenadas por delitos contra la administración pública o lavado de dinero.

Cancelaciones

A todo esto se suma la cancelación de partidos, que según Ortega ha sido “discrecional”, y el TSE debería requerir más investigación e información.


Desde el año pasado han sido canceladas seis agrupaciones, cuatro por incumplir las normas que rigen el financiamiento, y dos por no cumplir con requisitos de representación en la mayoría de municipios.


Además, están en proceso tres partidos, Encuentro por Guatemala, Unión del Cambio Nacional y Frente de Convergencia Nacional, este último recibió dos amparos que detuvieron el papeleo.


A finales de octubre comenzó el trámite de cancelación contra Visión con Valores (Viva), Compromiso Renovación y Orden (CREO) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN).

José Carlos Ortega considera que la creación de nuevas agrupaciones no es “necesariamente” bueno para la democracia, porque incrementa el costo de participación y no favorece la institucionalidad de los existentes.


“Se habla de que debería haber mejores partidos y lo que se hace es cancelarlos. Los partidos que ya son una institución, hay que buscar la forma, no de protegerlos, sino de respetarle su derecho a un proceso”, opina.

Lo de siempre

Por su parte, Jahir Dabroy, politólogo e investigador en temas sociopolíticos, prevé una situación similar a los últimos cuatro procesos electorales.


Cambia muy poco, según él, por los recursos pendientes en la CC, relacionadas a los medios de comunicación, uso de pauta, encuestas y el establecimiento de un plan de medios -para propaganda-.

Dudas que han sido planteadas sobre las reformas, cuestionan cuál será la forma de contratar a los medios de comunicación que usará el TSE, a qué precio y cómo va a repartir la publicidad.


Un caso sería cuando los partidos quieran promocionarse en redes sociales porque sus intereses estén en los jóvenes que las utilizan y no en la televisión.


En este sentido, el artículo 51, donde se reforma el 220 de la LEPP, se refiere a la “Distribución Igualitaria de Recursos Públicos para Espacios y Tiempos en los medios de Comunicación Social”, no contempla nada para esos casos, ya que solo se refieren a medios de comunicación social.


Otra dificultad sería el control del financiamiento en los 340 municipios por parte del TSE.


Espacios de desinformación

Hedberg Duarte, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), cree que la mayor dificultad ha sido en la socialización de los cambios que habrá en el proceso electoral, como que la convocatoria a elecciones ahora será en enero y no en mayo.

“La incertidumbre sobre la cancelación de algunos partidos, y los que todavía están en espera, es otra cosa que podría generar inestabilidad en el escenario político, sobre todo porque en este momento se están discutiendo cambios a la LEPP”, destaca Duarte.


Sin embargo, considera que el Tribunal ha demostrado mayor capacidad desde el 2015, con las sanciones por campaña anticipada, advertencias a funcionarios que figuran en actividades públicas y la cancelación de partidos.


El analista prevé que lo que ocurrirá en 2019 depende en los siguientes dos meses del Congreso, donde podrían aprobar cambios a la legislación.

En discusión

El Legislativo discute la segunda generación de reformas la LEPP, que ya fueron devueltas por la CC con un dictamen sobre el proyecto.


Uno de las mayores modificaciones que no ha tenido consenso es el transfuguismo, que pretende revertir un cambio de 2016 que no permite la reelección a los diputados que se cambiaron de partido.


Otra enmienda es por los gastos de las agrupaciones en actividades del extranjeros, la CC dictaminó que deben ser establecidos debidamente y no confundirlo con erogaciones locales.


Además, deben conservar los registros contables de forma indefinida. La Corte también respondió que sobre los secretarios generales de cada partido recae la responsabilidad administrativa.


El dictamen refiere que hay incompatibilidad entre el candidato a la presidencia y el secretario general de una agrupación política.


Otra opinión de la CC fue que los procedimientos de cancelación de agrupaciones debe de conservarse, y el voto secreto en las asambleas tiene que ser válido.

Fuente: República


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