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Estos son los partidos cancelados y con señalamiento por financiamiento electoral dudoso

Las acciones penales del Ministerio Público (MP) relacionadas con investigaciones de supuestos actos de lavado de dinero afectaron a seis agrupaciones políticas.

Durante los últimos años de mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se conocieron algunos avances en las pesquisas por blanqueo de capitales y financiamiento electoral ilícito.

Los casos investigados por el Ministerio Público (MP) causaron acciones penales y señalamientos contra seis agrupaciones políticas, algunas de las cuales ya fueron canceladas.


El 5 de febrero pasado el fiscal José Curruchiche llegó a la Torre de Tribunales. Iba acompañado de un auxiliar y llevaba gran cantidad de documentos que sustentan la petición para avanzar en las investigaciones contra seis agrupaciones políticas.


Se trata, según el orden alfabético del nombre de cada partido, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Todos, Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz y Visión con Valores (Viva).


Ese día el fiscal especificó: “El Ministerio Público ha solicitado hoy un control jurisdiccional que significa que un juez de instancia penal se constituya como contralor de la investigación que se va a realizar en contra de las organizaciones políticas”.


Los casos avanzan y en la Dirección de Gestión Penal designaron, por sorteo, las judicaturas en donde se harán los requerimientos sustentados en fiscalización electoral de fondos, el 407 “L” del Código Procesal Penal.


El modificado artículo contempla: “El representante legal o miembros de los órganos de la organización política, que impida al TSE realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales, será sancionado con prisión de uno a cinco años”.


También los extintos partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada están señalados por estos ilícitos, y varios funcionarios del gobierno patriotista enfrentan procesos penales vinculados al partido.


La más reciente petición de cancelación es la del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Varios funcionarios, empresarios y la exvicepresidenciales están vinculados a casos de financiamiento electoral dudoso.


Así quedaron los casos

Juzgado Noveno Penal. Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

Juzgado Décimo Penal. Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Juzgado Décimo Penal. Todos.

Juzgado Undécimo Penal. Unión del Cambio Nacional (UCN).

Juzgado Cuarto Penal. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz.

Juzgado Séptimo Penal. Visión con Valores (Viva).


El Partido Patriota (PP) fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de forma oficial 31 de enero del 2017. Ningún integrante de la agrupación que llevó a la presidencia al general retirado Otto Pérez Molina apeló la decisión del Registro de Ciudadanos.


La cancelación inició en meses anteriores después que el ente electoral llevó a cabo una auditoria al PP. Se determinó que había incoherencias en el informe de financiamiento electoral por lo que comenzó con el proceso de cancelación.


El 23 de enero del 2017 vencieron los 30 días hábiles que tuvo la dirigencia del PP para presentar sus pruebas de descargo, nadie lo hizo, por lo que fue cancelado.


En ese año, los dos únicos diputados del PP en el Congreso argumentaron que desconocían los detalles del proceso administrativo y aunque la diputada Stella Alonzo aseguró que apelaría la resolución, esto no ocurrió.


En el TSE, los dirigentes del PP omitieron en hacer algún tipo de petición.

En cuanto a la investigación penal el señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se centra en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, una extensa investigación de la supuesta maquinaria para cobrar sobornos y blanqueo de capitales que derivó en el supuesto enriquecimiento ilícito de Pérez Molina junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya fue condenada a 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica, un fraude millonario por la aplicación de una fórmula para sanear la contaminación en el lago de Amatitlán.

El caso Cooptación aún se discute en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez. Esta semana tomaron la palabra los primeros abogados para defenderse de la petición que hizo el Ministerio Público para que enfrenten debate 15 empresarios.


Otro señalado en este caso es Mauricio López Bonilla, quien fue ministro de Gobernación, a quien ya condenaron en dos juicios y acumuló 22 años y tres meses de prisión por los casos Patrullas fase dos y Blindados.


Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), también está procesado en el caso Cooptación. El señalamiento es por haber aportado dinero para regalos ostentosos para Pérez Molina y Baldetti.

El exdiputado y excandidato a la presidencia Manuel Baldizón ya sabe qué es la cancelación de un partido. El TSE terminó con la Libertad Democrática Renovada (Líder) el 25 de julio del 2016.


La cancelación de Líder sucedió por las constantes violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según el informe del Registro de Ciudadanos (RC). El señalamiento es por haber sobrepasado el techo de campaña electoral en el 2015, el cual fue fijado por el TSE en Q52.4 millones.


Líder fue fundado el 25 de noviembre de 2010 por Baldizón. La conformación del partido se dio por disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Al cancelarse la agrupación ya no recibió la deuda política de US$1 millón 861 mil 810 -más de Q14.1 millones-.


A pesar de las apelaciones del diputado Roberto Villate el partido Líder dejó de existir ese año.


Baldizón fue detenido el 20 de enero pasado en Miami, Estados Unidos. Tiene orden de aprehensión por el caso Odebrecht y Transurbano en los juzgados de Mayor Riesgo D y Undécimo, respectivamente.


Las autoridades estadounidenses lo señalaron de supuesto lavado de dinero u otros activos y en la actualidad está detenido hasta que solvente su situación.


Villate enfrenta audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal por ser el secretario general de la extinta organización y no haber reportado Q21 millones al TSE.


Desde abril del 2017 el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) atraviesa el proceso de cancelación porque, a criterio del ente electoral, se negaron a permitir la auditoría electoral. Además, señalaron irregularidades en el financiamiento electoral, sin especificar más detalles.


El 6 de abril de 2017, Leopoldo Guerra, jefe del RC, especificó: “Existe la omisión de rendir algunos informes relacionados al financiamiento público y privado de la campaña electoral, así como no haber permitido hacer una auditoría del 2014 al 2015”.


Este proceso se estancó. Incluso, este año en el evento electoral participó como candidato a la presidencia el diputado Estuardo Galdámez, quien obtuvo 181 mil 93 votos y quedó en octavo lugar con 4.12% de los votos. Galdámez enfrenta un proceso de antejuicio por el caso Subordinación, pero no ha logrado comparecer ante su pesquisidor.


Fuente: Prensa Libre

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