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Gobiernos locales ponen en riesgo la construcción de ruta Puerto Quetzal-Escuintla

La rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje podría estar en riesgo debido a la resistencia que tienen las alcaldías de Escuintla y Puerto de San José que según ellos afecta sus jurisdicciones.

La rehabilitación de 42 kilómetros de la ruta Escuintla-Puerto Quetzal es un proyecto que se busca sea ejecutada a través de una alianza publico privada, inversión estimada en Q600 millones misma que sería una autopista estándares internacionales.

Según el proyecto, la principal fuente de ingresos es el cobro de peaje a los usuarios, que permite una tarifa base de Q 15.00 por eje el equivalente a vehículo liviano, que incluye el impuesto al valor agregado.


No obstante, el cobro del peaje es lo que no quieren las comunas de Escuintla y Puerto de San José sobre todo a las comunidades y colonias asentadas sobre la ruta principal.


Sin embargo, el atraso en la aprobación del proyecto por parte del Congreso, pone en riesgo el apoyo financiero y técnico para avanzar en proyectos del Metroriel, como se estableció por parte del Departamento de Política y Evaluación de Millennium Challenge Corporation (MCC).


Esta entidad en una carta del 9 de julio expresa su preocupación y advierte que de no aprobarse antes del 31 de octubre este proyecto se pone en riesgo el apoyo al Metrorriel.


El alcalde del Puerto de San José, Jorge Rizo considera que la carretera la debería de reconstruir el gobierno, ya que son ellos los que han abandonado la ruta, incluso señala que los vecinos del municipio están dispuestos a dar la vida para que no se ejecute la obra.


“La inconformidad que hay en mi municipio es grande, ayer hicimos una reunión con la iglesia católica, evangélica y transportistas y ellos dicen que no van a dejar a entrar a nadie, así mueran en el desafió, eso me preocupa como alcalde, porque lo que menos que uno quiere es violencia”, dijo Rizo.


El jefe edil manifestó que el Congreso y el Ejecutivo debería tomar una decisión, que la carretera se haga con los propios fondos, ¿por qué razón? porque el peaje va a matar al comercio, el turismo, nuestra gente ya no vive de pesca, sino de turismo, y me van a decir que va ser más fácil pasar y que van a pasar si mi gente apenas tienen para pagar el microbús de salida de Escuintla y los de los microbuses no van a perder porque lo que van a hacer es aumentar el pasaje.

“No nos oponemos a la construcción, nos oponemos al cobro del peaje, nosotros como municipalidad lo consideramos lesivo porque nos va a afectar en grande. Nuestra gente no tiene trabajo, dicen que va a generar empleo, los vecinos se han unido y están dispuestos a luchar, de no permitir el abuso, estamos de acuerdo con la carretera, pero sin peaje”, concluyó el jefe edil.

Mientras que el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera ha señalado que él siempre ha rechazado la construcción de la carretera debido a que el Gobierno los ha tenido abandonados, sobre todo en el mantenimiento de la ruta en la que no se cobra que va de Palín a Escuintla, y en la que circulan alrededor de 5 mil vehículos del transporte pesado.


“Primero, no recibimos ningún tipo de apoyo para el mantenimiento de esa ruta, dos, hay una situación que no se ha visto, está el micro parcelamiento La Esperanza que su único acceso es la pista que pretenden privatizar, aunque digan que no y aunque el proyecto de ley dice que van a exonerar el 75 por ciento, sino tienen el 25 por ciento restante no van a poder ingresar a su casa y eso es un derecho adquirido”, dijo el alcalde.

Exoneración al peaje


René Muñoz, director de asuntos corporativos de Convia, consorcio de empresas que le fue adjudicado el proyecto indicó que la autopista es un proyecto de suma importancia para Guatemala y enfocado para el desarrollo a través de una alianza público privada y lo que se busca en Guatemala es como atraer más inversión que nos permita alcanzar las necesidades de carreteras o de aeropuertos u otro tipo de cosas.


en el plan de acercamiento a las comunidades aparecen las comunidades como: Desierto Verde,  San Miguel Las Flores, El Socorro, Marilú 1 y 2  a los cuales hay mil 299 familias que están identificadas quienes tienen carros y motos y a ellos se enfoca el descuento del 75 por ciento y pasar una garita en moto por ejemplo implica que va a pagar Q1 y si pasan en carro son Q2 y es una tarifa bastante baja, que así está establecido y así se va a cumplir”, dijo Muñoz.


El directivo manifestó que la ruta alterna, como está en el dictamen, es obligación del Estado de darle mantenimiento y los fondos asignados podrían salir del canon que se está dando.

“El uno por ciento de la inversión total se va ir en proyectos de responsabilidad social para las comunidades antes mencionadas. Están las rutas alternas que es  la Masagua-Escuintla que está en buen estado y otras rutas como la del kilómetro 70.5 de San Miguel las Flores que puede evidenciar que las comunidades no están limitadas y que hay libre locomoción y si quieren pasar tienen esa parte especial que pueden utilizar”, dijo el directivo.


Es de beneficio


El director interino de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), Erick Estuardo Uribio indicó que este proyecto pretende la reactivación económica, generación de empleo y desarrollo para la costa sur.

El directivo manifestó que alrededor de Q461 millones serán entregados a favor de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes) de Escuintla, Masagua, Puerto San José e Iztapa, durante la fase de explotación del proyecto.


Esa estimación se obtiene de la distribución de canon -cobro del peaje- según el dictamen modificado de la comisión de comunicaciones del Congreso, que establece que durante los primeros 8 años de la fase de explotación se destinará el 80 por ciento del canon del 4 por ciento que va a recibir el Estado, y 40 por ciento del noveno año cuando ya el Estado reciba el 41.13 por ciento.


Uribio manifestó que dentro del dictamen de la sala legislativa se estableció que se exonerará a los vecinos que residen sobre la vía del 75 por ciento del peaje, aspecto que no se contemplaba en el proyecto original y también se incluyó que el Ministerio de Comunicaciones esta obligado a mantener en buenas condiciones la ruta alterna de Masagua a Puerto de San José.


El profesional agregó que se generarán mil 700 empleos durante la fase de preconstrucción y construcción y 400 en la operación.


El ministro de Finanzas, Víctor Martínez como director de Anadie ve con preocupación y una oportunidad que se pueda aprobar el proyecto de alianza publico privadas ya que permite darle infraestructura a los guatemaltecos sin que esto pase por el presupuesto en el sentido de que utilice fondos de los pagos de impuestos.


“Estamos hablando de una inversión de US$80 millones que serían invertidos por privados y que de no aprobarse el próximo gobierno tendría que destinar cerca de Q500 millones para poder trabajar la carretera Escuintla-Puerto Quetzal y Caminos tiene un presupuesto de Q2 mil 500 millones, entonces se tendrían utilizar esos fondos para ejecutar la obra”, explicó Martínez.


No al peaje

El diputado Salvador Baldizón quien es integrante de la sala legislativa de Comunicaciones razonó su voto en el dictamen otorgado por considerar que a los vecinos que residen en la ruta no se les debería de cobrar el peaje ya que se les estaría limitando su derecho de ingresar a su vivienda.


En esa misma línea, el diputado Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que podría ser inconstitucional ese cobro a los vecinos ya que se les está limitando la libre locomoción. Pero coincide que el proyecto es importante para el país ya que va a generar desarrollo.


Mientras que el diputado Amílcar Pop manifestó que no considera que se vaya a aprobar antes de que finalice el periodo legislativo que es el 30 de noviembre ya que a partir de la primera semana de noviembre la prioridad será el presupuesto por lo que en este tiempo se analizará si conviene o no este proyecto al país.


“La iniciativa de ley no se logró para la próxima semana, por lo que nos da tiempo de analizarlo y tener una pauta entorno al planteamiento, no sabemos si las cuatro sesiones que quedan son para la aprobación de esta iniciativa, considerando que se debe aprobar el presupuesto de ingreso y egresos”, refirió.


El proyecto ingresó al congreso el 2 de octubre del 2018, fue conocido el 9 de octubre de ese año y dictaminado por la comisión de comunicaciones el 12 de agosto del 2019, conocido en primer debate el 1 de octubre y en segundo debate el 8 de octubre de este año. Desde ese momento no ha finalizado su proceso del tercer debate, aprobación por artículos y redacción final.

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