Los Q64 millones que el Estado pagará por tener control de la propaganda


Propaganda de candidatos de dos partidos políticos en una concurrida zona de la capital. (Foto República: Twitter)

Los partidos políticos tendrán un ahorro “millonario” durante 90 días para darse a conocer a la población, el costo será asumido por el Estado con el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral (TSE).


Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), aprobadas en 2016, dejaron a las agrupaciones sin la posibilidad de negociar sus espacios, tiempos y métodos de pago a cambio de propaganda en los medios de comunicación -como lo hacían antes-.


La responsabilidad fue delegada al TSE, y su nueva Unidad Especializada en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión Pública.


Sólo 45 empresas de televisión, la mayoría con cobertura limitada, 11 radios en el interior, tres periódicos en el oriente del país y cuatro empresas de publicidad exterior -vallas-, están autorizadas para difundir la propaganda.


Las reformas a la LEPP obligaban a los medios de comunicación a inscribirse en el TSE, pero también los condicionaba a recibir sólo el 20 por ciento del valor comercial por un anuncio.


Los medios tradicionales, o los más grandes del país, no se inscribieron en el TSE, porque se oponen a las condiciones que establece la LEPP.


En la Corte de Constitucionalidad están pendientes de resolver un aproximado de 19 impugnaciones a varios artículos de las reformas.


El costo de cambiar

La igualdad entre las agrupaciones para dar la misma promoción en los medios de comunicación, costará preliminarmente Q64 millones, 986 mil 350, que el TSE erogará de su presupuesto.


La Unidad tiene asignados Q78 millones 100 mil para costear la difusión de los mensajes que los partidos transmitan durante los 90 días que dura la propaganda.


Rosa María Bolaños, directora de la Unidad, dijo que son un total de tres millones 485 mil 381 tiempos y espacios, es decir, la misma cantidad de anuncios en radio, prensa y televisión que se transmitirán en tres meses.


La división es un 50 por ciento para presidenciables, 25 por ciento para diputados y 25 por ciento para corporaciones municipales.


“El monto final del costo de la propaganda electoral, se sabrá hasta una vez haya finalizado el mismo”, aclaró Bolaños.


De los 27 partidos, sólo uno no podrá promocionar a sus candidatos en los medios de comunicación, ya que no registró su plan de medios -planificación de espacios y tiempos-.


Se trata de Podemos -antes Movimiento Reformador-, que por “problemas técnicos”, se quedó sin propaganda de este tipo, -no registró en el sistema su planificación-.

Postes utilizados por los partidos para promocionar a sus candidatos en 2015. (Foto República: Esteban Félix)

Otra propaganda

El TSE cubrirá el costo de transmisión en los medios de comunicación, pero son los partidos los que deben pagar por la producción de los anuncios radiales y de televisión.


Además, asumirán el precio por la fabricación de vallas e instalación de las mismas en ocho espacios que tienen autorizados cada treinta días.


Los partidos no pueden gastar más de Q29 millones, entre producción de anuncios y las actividades que realicen para promocionar a sus candidatos.


El espíritu de las reformas

La campaña electoral del 2015 tuvo un costo de Q248 millones, y participaron 20 partidos políticos. Para este año están habilitadas 27 agrupaciones por el TSE.


El gasto más alto identificado fue de Q71 millones, erogados por el cancelado Libertad Democrática Renovada (Líder); Q48 millones de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Q22 millones de Visión con Valores (Viva).


Investigaciones del Ministerio Público con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revelaron mecanismos irregulares de financiamiento de varias agrupaciones.


Además, auditorías del TSE tienen a seis partidos con un proceso de cancelación, que desde el 18 de enero fue suspendido por el evento electoral, pero se reanudará después de las elecciones.


Todas las agrupaciones con esa complicación, tienen irregularidad en el financiamiento que recibieron y reportaron en el 2015.

Fuente: La República


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